Orden de alejamiento y orden de protección en Alicante

Orden de alejamiento y orden de protección: no son lo mismo

La orden de alejamiento es una medida concreta: prohíbe acercarse a la víctima, a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier lugar que frecuente. Puede acordarse como medida cautelar mientras dura el proceso (artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) o imponerse como pena en la sentencia (artículo 48 del Código Penal). Suele ir acompañada de la prohibición de comunicarse por cualquier medio.

La orden de protección es más amplia. Es un estatuto integral de protección que, en una sola resolución, puede incluir medidas penales (alejamiento, prohibición de comunicación, retirada de armas), medidas civiles (uso de la vivienda familiar, custodia de los hijos, régimen de visitas y pensión de alimentos) y la activación de los servicios de asistencia y ayudas para la víctima.

Cómo se solicita en Alicante

1. Se pide al presentar la denuncia en comisaría o en el cuartel de la Guardia Civil, ante el Ministerio Fiscal o directamente en el juzgado. También puede acordarla el juez de oficio.
2. La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante —o el juzgado de guardia fuera de horario— convoca a la víctima, al denunciado y al fiscal a una audiencia urgente.
3. En un plazo máximo de 72 horas desde la solicitud, el juez dicta un auto que concede o deniega la orden y fija sus medidas.

Las medidas civiles de la orden de protección tienen una vigencia de 30 días. Si en ese plazo se presenta la demanda de familia, se mantienen durante los 30 días siguientes a su presentación, y en ese tiempo el juez debe ratificarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto. Por eso conviene preparar la demanda de familia a la vez que la orden de protección.

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¿Qué pasa si se incumple?

Acercarse o comunicarse con la persona protegida es un delito de quebrantamiento de medida cautelar, aunque la víctima lo consienta. Cuando la persona protegida es la pareja o expareja, o un familiar de los previstos en el artículo 173.2 del Código Penal, la pena es de prisión de seis meses a un año (artículo 468.2 del Código Penal). Además, el incumplimiento puede llevar a endurecer las medidas, incluida la prisión provisional.

Si la víctima desea retomar el contacto, el camino correcto es pedir al juzgado que modifique o deje sin efecto la medida. Nunca hay que hacerlo por la vía de los hechos.